Daniel Becerra Conde
En ningún otro lugar del mundo aplica mejor la paradoja del burro que carga el agua y muere de sed, como en el municipio de Teapa, Tabasco, cuyos habitantes son como el herrero que tiene azadón de palo.
De acuerdo a estadísticas oficiales, la Sultana de la Sierra tiene un promedio de precipitación anual de 3 mil 862.6 mm, siendo el lugar con mayor índice de lluvia en todo el país y uno de los más húmedos en el mundo.
Sin embargo, pese a esta característica hidrológica que envidiaría cualquier municipio del norte del país, donde la sequía arrasa con la actividad agropecuaria que sustenta su economía, las familias teapanecas sufren un ilógico desabasto del servicio de agua potable que ninguna autoridad de orden estatal, federal y municipal han podido abatir desde hace varios años.
En efecto, más del 70 por ciento de los habitantes de la cabecera municipal y en menor grado de la zona rural tienen graves problemas con el abasto del vital líquido, a grado tal de que esta es ya una situación desesperante para las más de 37 mil personas que sufren esta deficiencia, de un total de casi 54 mil habitantes.
No es un secreto para ninguna autoridad que este es el principal problema de los teapanecos y por lógica la mayor demanda que plantean a todos los candidatos a un cargo de elección popular, sin que hasta la fecha sea atendida de manera integral.
Eso sí, durante las campañas políticas todos los candidatos de todos los partidos se comprometen a atender esta problemática, pero los triunfadores no convierten estas promesas en acciones y ni siquiera explican a los ciudadanos las causas por las cuales no proceden sus demandas.
Y este fenómeno se repite cada tres y seis años, con el agravante de que en cada campaña el problema se agudiza y también los votantes que sufren por la falta del vital líquido.
Ciertamente, esta responsabilidad corresponde formalmente al gobierno estatal, más específicamente a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), pero el Ayuntamiento también es corresponsable por ser la primera autoridad en el municipio y los diputados locales y federales también tienen su parte al no poder o no querer gestionar ante las autoridades competentes e incluso ante la federación para que financie las obras hidráulicas necesarias para garantizar el abasto del vital líquido durante todo el año.
Huelga decir que la planta potabilizadora existente es ya obsoleta y el crecimiento de la población, aunado al deterioro de la infraestructura y las deficiencias en la red de distribución, desde hace más de 20 años superaron su capacidad de abastecimiento y hoy día apenas si alcanzan para dotar el servicio durante dos horas al día en algunas zonas de la cabecera municipal.
Especialistas consultados refieren que no basta con una ampliación de la planta actual, sino que es necesario la construcción de otra potabilizadora para solventar la demanda actual y garantizar el abasto en los próximos 20 años.
Para agravar aún más esta problemática, se sabe que la población más afectada es la de escasos recursos que habita en la zona urbana, ya que en las comunidades suelen abastecerse con los pozos artesanales y las familias pudientes tienen posibilidad de sufragar el gasto que implica la compra de agua que se distribuye en pipas para mitigar un poco esta necesidad que se agrava en tiempos de estiaje, como el que se augura para este año.
Es decir, un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de este país está cada día más lejos del alcance de las mayorías, dado que el servicio prácticamente se ha privatizado, tanto para el consumo humano como para realizar las actividades cotidianas de una familia.
Queda esta reflexión para las autoridades competentes que tienen en sus manos la solución de esta problemática, y que en un acto de moralidad y congruencia con sus compromisos adquiridos cuando acudieron ante la gente para solicitarles el voto, rescaten la palabra empeñada para que al dejar su mandato caminen con la frente en alto y no reciban el repudio ciudadano.
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