Pisotean alcaldes derechos de indígenas; les imponen funcionarios sin consultarlos

• Se repite la historia: las comunidades étnicas de Tabasco sólo son utilizadas como escalón político pero no las toman en cuenta para tomar decisiones de su incumbencia

Daniel Becerra Conde

Con los recientes nombramientos de los titulares de las Direcciones de Asuntos Indígenas en las demarcaciones de Tabasco con mayor presencia étnica, los alcaldes se pasaron por el arco del triunfo la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que obliga a los ayuntamientos a realizar un proceso de elección para que sean los propios indígenas quienes designen al encargado de esa Dirección o Departamento.

Al igual, o mejor dicho peor, que la elección de delegados municipales, este proceso es sólo una simulación en donde se empodera a personas allegadas a los intereses del gobernante en turno y ajenas al interés supremo de la sociedad.

En efecto, siguiendo la vieja costumbre de pisotear los derechos de las comunidades autóctonas, que suelen ser las más pobres y marginadas de la sociedad, los presidentes municipales incumplieron el mandato de la Ley con absoluta impunidad al colocar en esas áreas a representantes étnicos de manera directa, es decir por imposición.

De los cinco municipios en donde se nombraron directores de Asuntos Indígenas, destaca el caso de Tacotalpa, donde se concentra el mayor porcentaje de población étnica, con el 26.5%, seguido por Nacajuca, con el 10.5%, Tenosique con el 5.9%, Centla con el 4.1% y Macuspana con el 3.3% de hablantes de lengua indígena.

Pero es precisamente en el municipio serrano con más población indígena donde se observa la mayor incongruencia en el cumplimiento de la ley que pretende en su artículo 32 “atender o canalizar… las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que sean de su competencia”, pues tiene el nada honroso antecedente del fracaso que significa empoderar a un indígena sin arraigo.

Baste recordar que el anterior alcalde, Alterio Ramos Pérez Pérez, originario de La Cumbre, Tacotalpa, llegó al poder con la bandera de reivindicar a las comunidades indígenas y sacarlas de la marginación en que se encuentran. El pueblo confió en su palabra y los hechos demostraron que los traicionó al olvidar sus promesas de campaña, pues sólo los utilizó como carne de cañón y peor aún: mareado por las alturas del poder, comenzó a mirarlos por encima del hombro, como si fuera un tlatoani al que sus súbditos debían rendirle pleitesía.

En esta administración que preside Efraín Narváez no ha sido la excepción en cuanto al incumplimiento de la ley, pues nombró como coordinador de Asuntos Indígenas a Bartolomé Pérez Cruz, un egresado de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, oriundo también de La Cumbre, contraviniendo el citado artículo 32 de la Ley Orgánica, que en sus párrafos subsecuentes establece que dicha Dirección o Departamento “…estará a cargo de un ciudadano indígena vecino del municipio, que hable y/o escriba el dialecto o lengua de la región de que se trate, quien será electo por los pueblos y comunidades indígenas del municipio, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales”.

El mismo artículo indica que la Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo emitirá la convocatoria respectiva y designará a un representante para cada comunidad, quien fungirá como observador y tomará nota de los resultados de la elección, misma que se realizará dentro de los primeros 120 días a partir del inicio del período constitucional correspondiente.

Como se observa, no hubo ningún proceso de elección y tampoco se consultó a las comunidades indígenas sobre dicho nombramiento. Simplemente se nombró al paisano del tristemente célebre Alterio Ramos por indicaciones del alcalde y punto.

Ciertamente, Bartolomé Pérez Cruz cuenta con un liderazgo incuestionable en su comunidad, eso no está en duda, pero lo que se cuestiona no es su capacidad sino su legitimidad. Y como dice don Enrique González Pedrero, en política forma es fondo.

Esperemos que sea para bien este nombramiento, que por fin llegue la justicia social y que no sea más una jugarreta política para volver a utilizar a los indígenas como instrumento de intereses de grupo, porque de eso ya están hasta la madre y un día de estos se van a rebelar, como lo hicieron los hermanos chiapanecos durante el Salinato. Y si no, al tiempo.