Ex alcaldes no deben cantar victoria por aprobarles sus cuentas públicas

  • Deben resarcir las observaciones detectadas por el OSFE y además enfrentar las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, en el caso de los que fueron demandados.

 Daniel Becerra Conde

Que no canten victoria, que no echen las campanas al vuelo los 16 ex alcaldes que recibieron como regalo de Navidad la aprobación de sus cuentas públicas 2015 por parte del Congreso local, pues ese salvoconducto no los libera de responsabilidades penales y administrativas por posibles pecados que hayan cometido en ese ejercicio fiscal.
Las palabras del gobernador Arturo Núñez, en el sentido de que no solapará ningún caso de corrupción ni en la administración estatal ni en los Ayuntamientos, en alusión al “palomazo” que recibieron de los diputados, le amargaron las posadas a más de uno, sobre todo los que enfrentan denuncias penales interpuestas por los actuales ediles que andan batallando por el desastre financiero que les heredaron sus antecesores.
Como un balde de agua fría recibieron los ciudadanos de los 16 municipios de todo el estado (a excepción de Huimanguillo que fue pasado a la pesa por la mayoría de los legisladores, ante el cúmulo de irregularidades sin solventar que encontraron en su reporte financiero), al conocer que sus “representantes” se pasaron por el arco del triunfo las múltiples denuncias de irregularidades administrativas y desvío de recursos que habrían cometido los alcaldes del trienio anterior, aprobando con descaro las cuentas públicas de 2015.
Aunque en honor a la verdad, no se esperaba mucho de ellos. Es ya sabido cómo se las gastan en el Congreso del Estado y particularmente en el Órgano Superior de Fiscalización, donde se cocinan al vapor los dictámenes y se maquillan las cuentas públicas por debajo del agua hasta dejarlas más blancas que una paloma de la paz.
Trascendió en redes sociales las celebraciones de los ex presidentes municipales y sus funcionarios que armaron tremendos pachangones disfrazados de “posadas” después de conocer la aprobación de sus cuentas públicas, lo que enardeció más a los tabasqueños que esperaban ver a más de uno tras las rejas y les dejó un mal sabor de poca al saber que el cambio verdadero no llegó al Poder Legislativo, pues a pesar de ser controlado por las huestes amarillas, se siguen cometiendo los mismos vicios del pasado glorioso del ex partidazo.
No obstante, tal y como lo mencionó el gobernador y algunos diputados en entrevistas posteriores a la asonada legislativa, no todo está escrito. Que no canten victoria ni se gasten los dineros malhabidos, pues aunque les hayan aprobado sus cuentas les falta resarcir las observaciones detectadas. Y esas: o las pagan, o las pagan, no hay de otra.
Ciertamente, lo que califican los diputados son los dictámenes del OSFE, que se basan en una revisión parcial de las obras, en este caso de aproximadamente un 20.5% de los recursos ejercidos en el caso del Ejecutivo y en el mismo sentido los ayuntamientos. Es decir, los diputados avalan la revisión parcial de obras seleccionadas “aleatoriamente” (ahí está la transa, ya que se dice que los alcaldes se mochan para que les revisan las obras que sí terminaron), pero el porcentaje restante, que es la mayoría de las obras, no se supervisa.
Ahí es donde entra el trabajo de las Contralorías municipales, porque tienen la facultad de hacer una revisión exhaustiva derivada del proceso de entrega-recepción y a partir de las irregularidades encontradas deben presentar las denuncias correspondientes.
Así que aquellos que fueron demandados, que disfruten lo que les queda del año, porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, aunque también en la Fiscalía se cuecen habas y no es descabellado suponer que los corruptos del trienio anterior embarren con manteca a las autoridades judiciales. Total, que el pueblo, como siempre, aguanta vara.  


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“Que no canten victoria algunos de los ex alcaldes  por la aprobación de sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio presupuestal del 2015”.  Enfatizó en charla vía telefónica con Tribuna de Tabasco,  el diputado local José Mollinedo Zurita.
Informó  que en el caso de  la cuenta pública 2015 del municipio de Jalapa,  su voto fue en contra  de aprobar el dictamen en congruencia, así también lo hizo en la comisión y  que se emitirán las actas que prueban el sentido de las dos sesiones.
Remarcó que los ex presidentes municipales todavía no están a salvo de que tengan que resarcir las solventaciones pendientes de las obras inconclusas o con problemas en su construcción e inclusive  muchos todavía están en la posibilidad de ser sancionados administrativamente o penal.
Enfatizó que como diputado por Jalapa, buscará por todos los medios para que el anterior alcalde  Ovidio Hernández Pérez devuelva a su municipio lo que le corresponde  o  en lo que no cumplió  en materia de la obra pública.   

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Ex alcaldes y su libertad prestada

Luis Antonio Vidal @vidal_38

Con la aprobación de las cuentas públicas de 16 ayuntamientos correspondientes al ejercicio 2015, la mayoría de los diputados locales extendió certificados parciales de honradez e impunidad a los ex alcaldes acusados de cometer actos de corrupción.
 Una delgada línea, entre lo inconfesable y lo impredecible, se les dictó para palomear cuentas de perredistas y priístas. Con el sartén, el mango y el garrote, la bancada del PRD absolvió parcialmente a los ex presidentes municipales cuyas administraciones terminaron entre el desaseo administrativo y el rechazo social.
Personajes como Víctor Manuel Valerio, Alterio Ramos, Domingo García, Héctor Peralta y Jorge Carrillo, por ejemplo, no pueden poner un pie en el municipio sin ser señalados como políticos incumplidos.
No podrían someterse de nueva cuenta al juicio de las urnas sin recibir una paliza, como le sucedió a Jesús Alíquien siendo alcalde de Centro brincó a la candidatura al gobierno y en la elección del 2012 los habitantes le propinaron una histórica felpa.
En un juego perverso, los diputados aprobaron las cuentas pero, lavándose las manos, instruyeron al Órgano Superior de Fiscalización interponer demandas e iniciar procesos resarcitorios por observaciones superiores a los mil millones de pesos.
Es decir, los ex alcaldes tendrán expedientes abiertos en la Fiscalía. Si se mueven contra el régimen en la época electoral, se acelerarán las investigaciones para ponerles la bota en el cuello. 
Serán, entonces, rehenes de sus propias pillerías porque viven una libertad prestada.

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